Culpables de opinar
“Uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe.” – Friedrich Dürrenmatt.
En México se vive un momento peligroso para la libertad de expresión: la figura de “Violencia Política en Razón de Género” (VPRG), creada para proteger a las mujeres, está siendo manipulada para acallar voces incómodas.
El reciente fallo SUP-REP-0116‑2025, donde una actriz política del PVEM logró sancionar a nueve personas —incluida una ya fallecida al momento de la sentencia— exhibe con claridad ese riesgo.
Ahora, quienes critican con rigor son expuestos a denuncias que, por más que se argumenten legalmente, en la práctica amenazan con silenciar al periodismo crítico.
Esta forma de censura judicializada está creciendo. Casos como el de la tuitera Karla Estrella o los periodistas Jorge González, Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo evidencian cómo se aplica la VPRG no para proteger, sino para inhibir expresiones incómodas.
Lo que comenzó como una herramienta legítima para combatir la violencia de género en la política, hoy sirve de escudo para acusaciones que tienen fines distintos: callar a quienes denuncian el exceso de poder y el cacicazgo en el ejercicio político.
El reciente fallo SUP‑REP‑0116‑2025 es preocupante: una figura reservada para proteger derechos, ahora se utiliza como arma para fustigar, sancionar y dañar a personas que han emitido críticas públicas. Al sancionar incluso a una persona ya fallecida, el mensaje es claro: esto no es protección, es persecución.
El gobierno del presidente López Obrador y ahora el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han proclamado su compromiso con la libertad de expresión. Sin embargo, mientras hay palabras de elogio hacia el derecho a informar, sus actores políticos —en especial de Morena y sus aliados— utilizan herramientas legales para atacar a críticos y periodistas con denuncias por VPRG. La contradicción es evidente: se habla de “libertad”, pero se actúa como enemigos de la crítica.
Hoy, más que nunca, encontrar el equilibrio entre garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y preservar el derecho a la crítica y al escrutinio político es prudente y urgente.
No podemos permitir que la VPRG se convierta en una espada para derrotar a la prensa y voces independientes. La libertad de expresión es el sensor esencial del funcionamiento democrático: sin ella, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y, al final, no hay libertad.
Se necesita una reforma seria que restrinja el uso indebido de esta figura, que diferencie entre violencia y crítica, y que proteja de verdad a quienes necesitan protección, sin permitir el abuso.
Es tiempo de defender el derecho a hablar sin miedo. Porque si los jueces y los políticos siguen usando la VPRG como arma, el resultado será perder lo más valioso de una democracia: su expresión crítica.
Al tiempo.
