El poder y sus funciones
Empecemos diciendo que León Nikoláievich Tolstói, escritor de numerosas y leídas obras, apuntó: “El poder cumple cuatro funciones básicas: corromper, intimidar, embrutecer y seducir”.
¿Será que los nuevos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia podrán ser seducidos por intereses políticos, económicos o de corrupción que son completamente ajenos a sus funciones de impartir justicia?.
¿Será que esos noveles ministriles de justicia, como otros muchos, apliquen sencillamente criterios jurídicos constitucionales a las litis que la abogacía independiente de la República a futuro les plantee?.
¿Será, quizá, que impartan justicia desde parámetros políticos de conveniencia para Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación de la Nación?.
¿Será que con su hacer y sus togas sólo contribuyan a estimular la prepotencia, la corrupción y la ignorancia en la impartición de justicia?.
¿Será que como muchos, sigan aplicando con su convicción y errónea interpretación de la norma la aspiración para dar continuidad a que la delincuencia siga gozando de impunidad y éxito por sus acciones antijurídicas?.
La opinión de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, se torna catastrófica y contundente: esas togas obtenidas por voto popular, afectarán al Derecho, a la Justicia, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, privarán con su incorrecto hacer a los gobernados de la certidumbre jurídica, aniquilarán el Estado de Derecho y la Separación de Poderes.
Esos novatos ahora electos como impartidores de justicia, con seguridad ignoran que el sentido del Derecho y de la Justicia se encuentra siempre muy por encima de cualquier capricho o razón de Estado.
México no requiere para nada a esas togas de indignidad.
Lo que la Patria necesita es que la corrupción en los recintos de impartición de justicia deje de ser una espada para desacreditar nuestro Estado de Derecho.
Lo que los Estados Unidos Mexicanos precisan y exigen es que se regeneren las instituciones de procuración e impartición de justicia sin destruir la credibilidad que la abogacía tiene en ella.
Es cuánto.
