Impiden militares arresto de presidente destituido de Corea del Sur
Policías y agentes anticorrupción sudcoreanos intentaron arrestar este viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol por la imposición de una ley marcial hace un mes, pero abortaron la operación ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del dirigente.
El líder conservador, que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, puede convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo.
Suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional y con su destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon también se expone a acusaciones por presunta «insurrección», punibles con la cadena perpetua o la pena de muerte.
Investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), encargada de la causa, ingresaron este viernes a su residencia en Seúl, donde Yoon lleva encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto contra él.
Pero soldados bajo el servicio de seguridad de Yoon entraron «en confrontación con la OIC en la residencia presidencial», dijo a la Afp un funcionario del Estado Mayor Conjunto del país.
Los equipos de seguridad de Yoon explicaron a la Afp que estaban «en negociaciones» con los investigadores de la oficina anticorrupción que intentan ejecutar la orden de arresto.
Finalmente, la OIC consideró que el arresto «era imposible en la práctica debido al enfrentamiento en curso». «La preocupación por la seguridad del personal en el lugar llevó a la decisión de parar la ejecución», afirmó en un comunicado.
La colaboración de los guardaespaldas de Yoon en la investigación era incierta desde el comienzo. En las últimas semanas, sus miembros habían bloqueado varias veces las órdenes de registro de las dependencias presidenciales.
Desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado al ejército a la Asamblea Nacional.
Uno de sus abogados, Yoon Kap-keun, insistió este viernes que la orden de arresto es «ilegal e inválida» y que, por lo tanto, su ejecución «es ilegítima». «Se tomarán acciones legales respecto a la ejecución ilegal de la orden», afirmó.