Rechazan colectivos de derechos humanos la compra de Monterra Energy por Pemex
Diferentes colectivos de derechos humanos externaron su preocupación ante la reciente decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de adquirir la terminal de almacenamiento de Monterra Energy en Tuxpan, Veracruz, lo que significaría un reto considerable para el próximo gobierno que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Entre los colectivos denunciantes se encuentran Justicia Transversal Mexicana (JTM), quien advierte que dicha instalación se encuentra en estado “inoperable” y cuya reactivación será un grave riesgo para el medio ambiente, afectando particularmente el acceso al agua potable.
Además, “más allá de una simple transacción financiera para el gobierno federal, será una fuente de preocupación debido a las posibles implicaciones políticas y financieras que acompañan la compra de un activo con un historial turbio. Para la nueva administración, esta adquisición podría transformarse en una bomba de tiempo, capaz de desencadenar una crisis que pondría a prueba la estabilidad y credibilidad del gobierno entrante”, dijo el abogado de JTM, Mauricio Santiago Eder.
Agregó que para Petróleos Mexicanos (Pemex), en especial para el próximo titular, Víctor Rodríguez Padilla, esta acción será vista como un descomunal despilfarro de recursos públicos al comprar esta terminal. “Estamos hablando de una pérdida de millones de dólares en una estructura petrolera que no está operativa”, denunció el colectivo.
Santiago Eder recordó que la terminal fue clausurada en 2021 debido a sus graves fallos estructurales. “La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT), iniciada en 2018 como parte de la reforma energética de 2013, fue concebida para almacenar combustibles importados, pero su administración, a cargo de Servicios y Terminales de Tuxpan, resultó un fracaso, afectando tanto las finanzas nacionales como el entorno ambiental”, señaló a través de un comunicado de prensa.
El experto en leyes acusó que, además, entre 2018 y 2019, hubo cambios en los apoderados de la empresa que generan sospechas de posibles conflictos de interés, especialmente considerando los vínculos políticos involucrados.