AMLO austero y honesto, ante once ministros gandallas
Por José Lima Cobos
Difícil que las cosas cambien ni aunque vuelva la divina providencia a iluminar el camino. Las cosas son así y por ningún motivo serán diferentes, de ahí que, por más que el Presidente de la República atosigue a los ministros de la suprema corte de justicia a que se comporten con austeridad republicana o a vivir en la medianía que recordaba el presidente Juárez, no renunciarán —voluntariamente— a los privilegios, pues están sabidos que, aunque hayan jurado guardar la constitución, la billetiza seguirá siendo la razón de su existencia, luego entonces, el camino es el juicio político, en observancia estricta a lo que postula el Artículo 108 constitucional.
De las responsabilidades de los servidores públicos, existe el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que es letra muerta —que vincula a los particulares con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado y ese artículo precisa “se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular— Presidente de la República, senadores y diputados federales; gobernadores etcétera… a los miembros del Poder Judicial de la federación… serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”, sin embargo, “el Presidente de la República solo podrá ser acusado por traición a la patria o delitos graves del orden común”, de ahí que, es casi imposible, puede decirse, que el Presidente sea sujeto de juicio político, —no tiene fuero— en tanto, cualquier servidor, no puede sustraerse a la sanción penal por enriquecimiento ilícito como servidor público, de lo que no se salvan los ministros ni nadie más, salvo que se siga practicando la simulación o el engaño.
Si desde el año 2009, —gobierno de Felipe Calderón— existe el Artículo 127 constitucional, los ministros de la Corte que hayan percibido durante catorce años más privilegios que el Presidente de la República, sin duda que se aplica un enriquecimiento inexplicable y queda abierto el camino para el juicio político y el fincamiento de responsabilidades penales y administrativas, o bien la amonestación —si reintegran los bienes a nación, recibido indebidamente— así como la suspensión, destitución e inhabilitación, siendo responsables de los daños y perjuicios patrimoniales causados, en síntesis, si es buen juez, por la casa se empieza, y es hora de empezar, pero ya, porque se hace tarde, que si bien existe ya la petición en la cámara de diputados, démosle curso.
La existencia de once ministros en estos momentos —más los recientes jubilados como Cossio, Sánchez Cordero y otros más, podrían ser enjuiciados simple y sencillamente, sin mucho escándalo ni alarde— siendo acompañados por los cuatro propuestos por López Obrador —Esquivel, González, Ríos y Loreta— más estos últimos que en agandalle brutal llegaron a fortalecer la impunidad en el poder Judicial ,pues sin pudor alguno, en el silencio más ominoso —nadando de puerquito— se apoderan de recursos de la nación, sin que se vean en el ejemplo reciente de la presidenta del INE, que actuó con dignidad, regresando el sueldo tenía el farsante Córdoba, para percibir lo que constitucionalmente debe ser.
Si se actúa en este caso con rigor estricto, cumpliendo lo que señala la Constitución, los once ministros actuales se irían vivir de sus riquezas adquiridas en ese poder y se sentaría un precedente histórico, pues se permitiría que se renovara todo la Suprema Corte de Justicia con nuevos individuos que serían propuestos por el Presidente de la República —lo dice la constitución— y mediante una convocatoria abierta y un riguroso examen previo, y otra evaluación que haga la cámara de senadores, llegaría la sangre nueva, con nueva mentalidad y dignidad y decoro, de ahí a renovar lo que el presidente manifiesta que está podrido.
Este señalamiento que se ofrece, que es estrictamente constitucional, vendrá a superar y ,con creces, lo que hizo Zedillo en 94, que de la noche a la mañana quitó a los 21 ministros de la Corte —durante varios meses no existió ese organismo— para que solo quedaran once, con una duración en el encargo de quince años.
Si de terminar con la corrupción se trata, que mejor golpe a un organismo señalado por el presidente como podrido, para que vuelva a renacer, con una limpieza inusitada en la vida de México, pues además del juicio político que se haría de manera abierta para ahí se defiendan, o mal menos para que confiesen porque de tantos años, se nutrieron indebidamente del presupuesto público y se les señale auténticamente como gandallas de siete suelas, esto para que no vuelva a repetirse jamás, pues si la Constitución es la Constitución que norma y honrar al país, que se cumpla de una vez y para siempre con ella.
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