Reforma al Mecanismo
Por Ángel Álvaro Peña
La Secretaría de Gobernación debe mostrar cambios sustanciales con la llegada de Adán Augusto López Hernández y la situación de alto riesgo de los periodistas mexicanos es una de sus prioridades y seguramente es por ello que la Segob elabora la reforma a Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que pretende refundar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para Adán Augusto es una tarea nueva, pero para la Segob, es una decisión muy tardía que ha costado muchas vidas, tanto entre defensores de derechos humanos como entre periodistas. Si se trata de crear una ley, ésta debe tener la opinión de quienes están dentro del mecanismo, de los familiares de las víctimas a las que no supieron proteger, y sobre todo a las personas a las que se les ha negado la protección, regateando sus servicios en nombre de una austeridad que debía reflejarse en otras actividades y no en la preservación de la integridad de los mexicanos.
La ley deberá discutirse durante este próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, según informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien se le atribuye negligencia y falta de disciplina en el Mecanismo que se encuentra a merced de unos burócratas que parecieran ser el principal enemigo de los comunicadores, según los lamentables hechos registrados en los últimos meses.
Pese a que se pretendía que la nueva iniciativa fuera presentada en abril pasado, se retrasó por la complejidad en los temas en al menos 8 entidades: Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Baja California, Morelos, Nayarit y Sonora, donde ha habido hechos que lamentar.
LAS IMPROVISACIONES
Los antecedentes de la Junta de Gobierno, no son claros, porque el propio subsecretario contribuyó a la improvisación de sus funcionarios al colocar a Aarón Mastache, como comisionado ejecutivo nacional del Mecanismo, quien fue impuesto ahí ante la imposibilidad de colocar en otro lado a su amigo. Luego vino Jorge Ruiz, quien adoptó la Junta de Gobierno como su imperio y decidía a quién se le otorgaba protección y a quien debía quitársela sin fundamento alguno.
Si se sabe que el actual esquema del Mecanismo no sirve, debió ponerse más cuidado en su ejecución, pero pareciera que la Junta de Gobierno, encabezada por Enrique Irazoque Palazuelos, se preocupa más por ahorrar costos y escatimar el apoyo que debe dar para proteger la vida de seres humanos, que defender los derechos humanos, en el caso de sus líderes, y de informar con veracidad, en el caso de los comunicadores.
Acompañada a esta ley se exige que haya una depuración del personal, muchos de sus integrantes están enquistados en sus cargos desde el sexenio pasado y son un lastre que cuesta muchas vidas.
La situación letal de los periodistas mexicanos ha dado la vuelta al mundo y a pesar de las expectativas que la actual administración crea en el planeta, su punto negro es el peligro que corre la vida de los comunicadores, en condiciones de paz, donde la negligencia se muestra claramente en el hecho de que ni siquiera cuentan con un censo de los periodistas asesinados en el último año, ni en este sexenio, y por si fuera poco el 90 por ciento de los casos no han sido aclarado.
La reforma a esta Ley camina sobre los siguientes cinco ejes temáticos: Obligaciones de autoridades de los tres órdenes de gobierno, Sistema Nacional de Protección de Personas, Modelo Nacional de Prevención, Registro Nacional de Agresiones, Protocolo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
Es decir, un esquema muy parecido al existente, dentro de una ley que sólo discuten entre legisladores, quienes no corren ningún riesgo en sus curules, ni en sus casas, ni en la calle. Deben dar voz a los periodistas locales que es de donde han salido las víctimas en los últimos años. Verificar las causas, estudiar sus trabajos, pero si no tienen ni un padrón actualizado de los asesinatos menos tienen elementos serios para dar seguimiento a la tarea por la que cobran.
La mentalidad asistencialista, de dar como compensación a las víctimas una limosna cuando debieron proteger la vida de esas cabezas de familia, surge con una propuesta de otorgar becas para hijas e hijos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en su caos teórico piden clarificar la metodología que se utilizará para el Registro Nacional de Agresiones, así como generar una plataforma de denuncias anónimas que cuente con información pública, si esto que es lo más elemental no lo tenía el mecanismo, en realidad era una vacilada.
También se habla de la elaboración de mapas de riesgo, atención psicosocial a las personas beneficiarias de los Mecanismos Nacional y Locales de Protección y dejar puntualmente establecido el protocolo para la protección cuando las agresiones provengan de autoridades, si el Mecanismo no contaba con esto que es lo esencial, entonces cuál era su estructura de protección y su estrategia de trabajo. Quiere decir que trabajaron desde la administración pasada dando palos de ciego.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que la reforma busca llevar al Mecanismo a que pueda tener acciones más de territorio y menos de papel. Siempre se cuestionó el exceso de teoría y la falta de práctica en campo de esta función que debió ser muy diferente en esta administración pero en este sexenio, no sólo aumentan los asesinatos sino que la negligencia se hace obvia y la incapacidad les caracteriza.
Existe una ley al respecto, que tiene más de 10 años, ya para ese momento, era caduca; sin embargo, fue elaborada en el sexenio anterior, más como compromiso que por convicción yes hasta ahora, a más de la mitad del sexenio que se les ocurre actualizar, algo que debió ser prioridad por estar de por medio vidas humanas.
El asesinato contra el periodista Antonio de la Cruz, del periódico Expreso, de Tamaulipas, el 29 de junio, arrojó una cifra de 12 periodistas asesinados en tan solo en este año; sin embargo, el Mecanismo asegura que han sido 52 asesinatos contra periodistas de diciembre de 2018 a enero 2022 y 97 contra personas defensoras de derechos humanos. Son otros datos que ofenden la memoria de los vivos y de los muertos.
Una de las condiciones que deben prevalecer en este debate por la reforma de la ley, es que no debe politizarse, gobierno y oposición deben ponderar la vida humana, sus derechos, su integridad. De otra manera sólo se caminará en círculos en detrimento de todo el país.
PEGA Y CORRE
El periodista Rubén Haro Madero, propietario del portal Noticias de la Red, sufrió un ataque armado la madrugada del domingo 17, salió ileso. Los hechos ocurrieron muy cerca de la jefatura de policía…
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