El país “fuenteovejuna”
Por Ricardo Homs
Luego de que un grupo de más de 200 personas lincharan y asesinaran a Daniel Picazo, abogado y trabajador de la Cámara de Diputados, el pasado 10 de junio en Huauchinango, Puebla, al ser confundido con secuestrador de menores, -simplemente por parecer sospechoso a los pobladores-, muestra el colapso de nuestro sistema de impartición de justicia. Lo más grave es la indiferencia gubernamental ante este tipo de hechos e incluso, la ciudadana.
Nos hemos acostumbrado tanto al sadismo criminal que la violencia se ha vuelto cotidiana. Cada nueva víctima representa sólo a una cifra en la estadística y no una tragedia humana.
En 1968 el caso del linchamiento de unos jóvenes alpinistas en San Miguel Canoa, Puebla, marcó una época pues impactó a la sociedad mexicana considerando al hecho un acto de barbarie, al grado de convertirse en tema de una película famosa del cineasta Felipe Cazals.
En contraste, hoy son hechos cotidianos que generalmente quedan olvidados en total impunidad, abriendo la posibilidad de que vuelvan a repetirse.
Aunque la actual CNDH a cargo de Rosario Piedra Ibarra no ha actualizado las cifras, la anterior administración a cargo de Luis Raúl González Pérez describió que en 2017 se registraron 110 fallecimientos por linchamiento y en 2018 esa cifra se incrementó hasta 271. Para septiembre del 2019 se registraron 166 linchamientos y 263 víctimas, lo cual sumado ronda 644 víctimas de esta abominable práctica colectiva.
La furia de Fuenteovejuna parece ser incontrolable cuando se desata.
Sin embargo, ¿qué detona esta práctica ancestral y salvaje?
Primeramente, el deterioro del concepto autoridad. El pueblo asume el rol de autoridad y define cual será el destino del indiciado. Esto se vuelve aún más peligroso en estos tiempos demagógicos en que el presidente López Obrador, -para justificar sus propias decisiones-, se presenta como vocero de un poder superior y omnipotente, que es el pueblo. Lo más grave es que el pueblo se sienta superior al estado de derecho e ignore a la Constitución, considerando a un acuerdo colectivo como el grado más alto de impartición de justicia.
La crisis de autoridad se refiere a la incapacidad del Estado Mexicano de ser reconocido públicamente, por la ciudadanía, como el representante de la autoridad legítima.
Cada vez más circulan videos que muestran a grupos de civiles denigrando a las fuerzas armadas, e incluso agrediendo a los uniformados sin que estos hagan valer la autoridad delegada en ellos por el Estado Mexicano. Nunca había sucedido que la delincuencia
organizara no sólo exhiba su poderío frente a las fuerzas armadas, sino que las agreda en un claro acto provocador.
Ante el vacío de autoridad institucional, vemos también que grupos de poder local pertenecientes a la delincuencia organizada se erigen en máxima autoridad y ejercen justicia a su modo, sometiendo a comunidades enteras, las cuales tienen autoridades civiles legitimadas por una elección democrática, que, sin embargo, terminan quedando supeditadas al poder fáctico de los líderes delincuenciales, por temor e impotencia para enfrentarlos.
Sin embargo, regresando al tema de los linchamientos vemos que la Impunidad estimula en el pueblo la soberbia colectiva.
La conciencia y certeza de que no habrá consecuencias por quebrar las reglas, el orden y burlar la ley, estimulan nuevamente el abuso que deriva en el linchamiento de posibles delincuentes y con ello, el riesgo de asesinar inocentes que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y el momento inoportuno.
A su vez la falta de confianza en las autoridades legítimas estimula la “ley del talión” y la aplicación de justicia colectiva por propia mano.
El pueblo sabe que si no se ejerce justicia al momento de la detención, las autoridades podrán ser compradas por los supuestos delincuentes y estos terminarían siendo liberados. La sombra de la corrupción deslegitima a la autoridad jurídicamente investida de poder.
Los linchamientos, -desde un punto de vista práctico-, representan el ejercicio de la autoridad colectiva que toma a su cargo la aplicación de la justicia.
Otro factor que estimula la justicia por propia mano son las redes sociales, que tienen poder de convocatoria en tiempo real y son capaces de consolidar la formación de una turba en cuestión de minutos.
Si bien antiguamente en los pueblos el tañer de las campanas era el aviso para convocar a la población a reunirse en la explanada central, -bajo la premisa de que acontecía algo importante-, hoy las redes sociales convocan con el pleno conocimiento de lo que sucede.
El fenómeno de liderazgo con credibilidad y poder de convocatoria estimula la configuración de estos fenómenos de violencia colectiva.
Una narrativa poderosa y emocional capaz de hacer confluir la percepción pública en una acción concreta y específica, permite detener a los posibles indiciados, someterlos a un juicio público inmediato y ajusticiarlos antes de que pueda impedirlo la autoridad legítima.
El conocer cómo opera este fenómeno multifactorial permitiría evitarlo si el Estado Mexicano retoma la autoridad jurídica que le confiere el “estado de derecho” y se compromete a impartir justicia combatiendo la impunidad.
VÍCTIMAS INVESTIGADORAS
Hoy las familias de las víctimas de desaparición forzada deben convertirse en investigadores policíacos si pretenden tener justicia.
Sin embargo, las autoridades, -si hay éxito en la investigación ciudadana-, públicamente se adjudican el mérito.
Las familias que buscan a uno de sus miembros desaparecido terminan corriendo riesgos a manos de la delincuencia organizada y teniendo como enemigas a las autoridades legítimas, que generalmente obstruyen las indagatorias.
La acción ciudadana es la respuesta colectiva derivada de la desesperación que provoca la inacción de las autoridades policiacas y un sistema de impartición de justicia rebasado o colapsado.
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