Revocación o ratificación de mandato

Por Ricardo Homs

Hay una gran confusión sobre el ejercicio político que persigue el presidente de la república para realizarse los primeros días del próximo año.

Revocación significa conclusión anticipada y es una atribución exclusiva de quien ha otorgado un poder a un tercero, pero no está satisfecho del uso de eso poder. En este caso, es el pueblo quien directamente puede ejercer este derecho, de modo espontáneo y no porque el presidente le de permiso y menos aún que éste, el enjuiciado, lo promueva como iniciativa propia.

Por tanto, este mecanismo de democracia participativa que tiene como objetivo retirar del cargo a un gobernante que llegó a esa posición a partir de una elección popular, atribución protegida por nuestra Constitución, debe nacer de forma espontánea de una exigencia del pueblo.

El compromiso de campaña del presidente López Obrador se cumplió formalmente al haber impulsado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que da vigencia a esta Ley de Revocación de Mandato, lo cual ocurrió el 14 de septiembre del año 2021.

El mérito fue dotar al ciudadano de este derecho para que lo ejerciese cuando lo considere conveniente.

Sin embargo, lo que hoy existe es una exigencia del presidente para ejercer él este derecho ciudadano. La petición no ha nacido de la sociedad, que es la que puede ejercer este derecho.

Es más, esta exigencia ha generado confrontación y conflicto entre las fuerzas políticas de nuestro país, porque no queda clara la intencionalidad del presidente al promover este ejercicio democrático.

Esta ley es clara, se denomina de “revocación de mandato” y sólo es el mandante quien puede ejercerlo, o sea la ciudadanía y no el mandatario, que es el rol que corresponde al presidente.

Es a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible como el ciudadano lo ejerce. Sin embargo, la presión que el presidente y su partido ejercen para que se realice este ejercicio democrático contraviene el espíritu de esta ley.

La respuesta ciudadana que hoy queda clara respecto a esta inquietud presidencial, -si es que la hubiese-, es el alto índice de aceptación que manifiestan las altas cifras, cercanas a un 70%, resultado de varias encuestas que nunca han sido cuestionadas, realizadas por importantes empresas de prestigio y credibilidad. Estos resultados representan de facto una ratificación.

Tan irrelevante es para el país realizarla, que escuchamos al presidente plantear en una mañanera la propuesta de que la realicen los ciudadanos, aunque sea de modo improvisado, en lugar de que sea convocada por el INE, con lo cual queda claro la innecesaria justificación jurídica. La campaña a favor de la revocación parece ser un simple distractor que capta la atención ciudadana, a fin de desviar la atención de los graves problemas del país.

Revocación y ratificación no son equivalentes. Es más desde la perspectiva gramatical ambos conceptos no son sinónimos, sino antónimos, o sea opuestos.

Para mantener el Estado de Derecho es fundamental interpretar las leyes de forma correcta, respetando el espíritu que propició su redacción y aprobación.

La interpretación “a modo”, con fines políticos, propicia confusión y debilita la fuerza de nuestras leyes ante el ciudadano.

¿A usted qué le parece?

 

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