CIUDAD DE MÉXICO.— La inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) escaló este viernes 6 de noviembre a un paro nacional que amenaza con prolongarse por tiempo indefinido. El motivo: un nuevo esquema de evaluación del desempeño que, aseguran, pone en riesgo su estabilidad laboral, desconoce su antigüedad y deja en manos de sus superiores buena parte de la calificación.
Desde los primeros minutos de este viernes, empleados judiciales comenzaron a suspender actividades y bloquear accesos en distintas instalaciones del país. En la sede de San Lázaro, en la Ciudad de México, colocaron cadenas para impedir el ingreso, mientras anunciaban movilizaciones en otras instalaciones de la capital.
La protesta no se limita a la CDMX. Las convocatorias alcanzaron al menos 17 entidades, entre ellas Veracruz, Morelos, Nuevo León, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas e Hidalgo, entre otras.
De acuerdo con los reportes publicados durante la mañana, las movilizaciones involucran alrededor de 22 sedes judiciales. En la capital del país se contemplan concentraciones en San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, con posibles afectaciones a la circulación.
Los trabajadores advierten que mantendrán la suspensión hasta que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) retire o modifique las disposiciones que dieron origen al conflicto.
El examen que encendió la inconformidad
El conflicto estalló luego de que el 5 de noviembre se publicara en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Órgano de Administración Judicial para regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
El mecanismo contempla evaluaciones periódicas para secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros trabajadores sujetos al sistema de carrera.
El problema, sostienen los inconformes, no es que se evalúe su trabajo, sino la manera en que se pretende hacerlo y las consecuencias que podrían derivarse de los resultados.
Uno de los puntos más cuestionados es que el examen de conocimientos representa 40 por ciento de la calificación total, mientras que el resto se integra con valoraciones del desempeño, opiniones de superiores y compañeros, reportes institucionales y parámetros de productividad.
Para los trabajadores, este modelo abre la puerta a evaluaciones subjetivas y posibles represalias, especialmente cuando sus superiores tienen la facultad de intervenir en la calificación.
También cuestionan que su experiencia acumulada durante años de servicio pueda quedar relegada frente a un examen que deberán presentar en un periodo relativamente corto de preparación.
¿Pueden perder su empleo por reprobar?
Aquí está uno de los puntos más delicados del conflicto.
El Órgano de Administración Judicial ha sostenido que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter diagnóstico y no implicará consecuencias individuales inmediatas sobre la permanencia o separación del personal.
Sin embargo, los trabajadores no consideran que eso despeje sus preocupaciones.
El acuerdo también establece categorías de resultados y contempla que, en las evaluaciones ordinarias posteriores, las calificaciones puedan tener efectos sobre la permanencia en la carrera judicial.
De acuerdo con el esquema difundido, quienes obtengan resultados insuficientes tendrán la posibilidad de solicitar una evaluación extraordinaria bajo determinadas condiciones. De no superar el procedimiento, podrían enfrentar la separación de la carrera.
Es precisamente esta posibilidad la que alimenta el temor entre empleados que consideran que su trayectoria, preparación y años de servicio no deben quedar sujetos a criterios que califican de poco transparentes.
No rechazan ser evaluados, sino las condiciones
Los trabajadores han insistido en que su movimiento no representa una negativa a que se revise su desempeño ni una defensa de privilegios.
Su exigencia, aseguran, es que cualquier mecanismo de evaluación respete sus derechos laborales, reconozca la experiencia adquirida y establezca criterios objetivos que no puedan utilizarse como herramientas de presión.
La inconformidad también se relaciona con la transformación que atraviesa el Poder Judicial después de la reforma y la renovación de sus estructuras. Para los empleados, los cambios administrativos no deben convertirse en un mecanismo para debilitar la estabilidad de quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento de juzgados y tribunales.
En ese contexto, la protesta busca frenar la aplicación del acuerdo y abrir una negociación con las autoridades judiciales.
Veracruz también se suma al paro
Veracruz figura entre las entidades donde se convocó a suspender actividades. La movilización forma parte de una inconformidad que se extendió a distintos circuitos judiciales del país.
El conflicto coloca nuevamente bajo presión al sistema de justicia federal, pues la suspensión de labores puede afectar la atención de trámites, el desarrollo de actividades jurisdiccionales y los servicios que requieren ciudadanos y abogados.
Por ahora, los trabajadores mantienen su exigencia de que el Órgano de Administración Judicial revise las disposiciones y garantice que las evaluaciones no se conviertan en instrumentos para vulnerar sus derechos.
Mientras no exista una respuesta que satisfaga sus demandas, el paro amenaza con prolongarse y extender las afectaciones a más instalaciones.
La pregunta ya no es solamente cómo se evaluará a los trabajadores del Poder Judicial, sino quién garantizará que esa evaluación no termine convirtiéndose en una herramienta de incertidumbre laboral.