La investigación apunta a presuntas irregularidades en un operativo contra un narcolaboratorio; también existe una orden de captura contra otro exfuncionario de la Fiscalía estatal.
Chihuahua, Chih.— El caso que desató una controversia nacional por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas tuvo un nuevo giro este sábado 17 de octubre, con la detención de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua.
La captura fue ejecutada por agentes estatales en la capital de Chihuahua, en cumplimiento de una orden judicial vinculada con la causa penal 3055/2026. De acuerdo con reportes de medios nacionales, los cargos investigados incluyen presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
La orden de aprehensión también contempla al exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo. Hasta los primeros reportes de este sábado, no se había confirmado públicamente su detención.
La investigación busca esclarecer posibles irregularidades relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un despliegue para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
Un operativo que derivó en una crisis institucional
Los hechos se remontan a abril de 2026, cuando se llevó a cabo una intervención contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. El caso adquirió dimensión nacional después de que se conociera la presencia de presuntos agentes de la CIA vinculados con el operativo.
El 19 de abril, un accidente automovilístico dejó cuatro personas muertas: dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Los estadounidenses habían sido identificados inicialmente bajo versiones que no aclaraban su posible vínculo con la agencia de inteligencia.
Las distintas versiones sobre su participación y las circunstancias de la operación provocaron cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y federales, así como sobre la legalidad de la intervención de personal extranjero en territorio mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que cualquier colaboración de agentes extranjeros en materia de seguridad debe apegarse a las leyes mexicanas y a los mecanismos de autorización correspondientes. La Federación abrió investigaciones para determinar si hubo violaciones legales.
Jáuregui renunció tras reconocer omisiones
El 27 de abril, Jáuregui presentó su renuncia irrevocable como fiscal general del estado, cargo al que había llegado durante la administración de la gobernadora panista María Eugenia Campos.
En su posicionamiento público, reconoció que la información inicial sobre la presencia de personas identificadas como presuntos funcionarios extranjeros era inconsistente y que existieron omisiones en la comunicación y gestión institucional.
El entonces fiscal asumió la responsabilidad política por las fallas en los controles de la dependencia y sostuvo que su salida permitiría que las investigaciones avanzaran con autonomía.
La renuncia, sin embargo, no cerró el caso. En mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Jáuregui y la gobernadora María Eugenia Campos habían sido convocados a comparecer como testigos en las indagatorias sobre el operativo.
Defendió su actuación antes de ser detenido
Días antes de su captura, el exfiscal defendió públicamente la intervención contra el laboratorio clandestino y aseguró que estaba dispuesto a responder por sus decisiones.
Su postura contrastó con la evolución de las investigaciones, que ahora incluyen una orden de aprehensión en su contra.
La detención no equivale a una sentencia ni acredita por sí misma la comisión de los delitos imputados. Será durante el procedimiento judicial cuando se conozcan formalmente los señalamientos, los datos de prueba presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
El caso escala a los tribunales
La detención de quien encabezó la Fiscalía de Chihuahua coloca bajo escrutinio judicial la actuación de los funcionarios que participaron en la operación y la forma en que se gestionó la presencia de agentes estadounidenses.
El expediente también mantiene abierto el debate sobre la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, la soberanía nacional y los límites legales de la cooperación internacional en materia de seguridad.
La atención se centra ahora en la audiencia inicial, en la que deberán precisarse los cargos y la situación jurídica del exfuncionario, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades que correspondan.