A casi un año del asesinato del alcalde de Uruapan, las autoridades apuntan a una posible venganza del crimen organizado por los operativos de seguridad; varios procesos penales siguen en curso.
Morelia, Michoacán.— A casi un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó un avance estimado del 90 por ciento en las investigaciones y un total de 33 personas detenidas por su presunta relación con el crimen. Sin embargo, el caso todavía tiene diligencias pendientes y las responsabilidades deberán acreditarse ante los tribunales.
El balance fue presentado el viernes 16 de octubre por Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía estatal, quien detalló los resultados de las labores ministeriales, periciales y de inteligencia desplegadas desde el homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan.
Entre los detenidos figuran Ramón Ángel “N”, conocido como “El R1”, y Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalados por su probable participación como autores intelectuales del ataque. Ambos permanecen sujetos a los procedimientos judiciales correspondientes.
La principal hipótesis: represalia del crimen organizado
De acuerdo con la Fiscalía, los indicios recabados apuntan a que el asesinato pudo ser una represalia de grupos criminales por las acciones de seguridad emprendidas por Manzo en Uruapan y la región.
Una de las líneas centrales está relacionada con la detención de René “N”, alias “El Rino”, identificado por las autoridades como presunto integrante de una estructura delictiva. Los investigadores también analizan los operativos realizados contra actividades ilícitas en el municipio.
Con base en esta hipótesis, la institución descartó que, hasta el momento, existan elementos que sostengan un móvil político como explicación principal del homicidio. No obstante, la investigación continúa para robustecer las pruebas y determinar la participación específica de cada persona señalada.
Miles de diligencias para reconstruir el crimen
La dimensión de las pesquisas se refleja en los recursos y procedimientos realizados durante los últimos meses. Según el informe de la Fiscalía, las investigaciones incluyen:
- Aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación.
- Al menos 3 mil actuaciones periciales.
- Análisis de mil 200 horas de videograbaciones.
- Cerca de 200 mesas de inteligencia.
- Cateos en 15 inmuebles.
- Cumplimiento de 18 órdenes de aprehensión.
- Aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones.
La institución también reportó el uso de alrededor de dos mil elementos de apoyo para las labores operativas, además de análisis de información telefónica y otros recursos tecnológicos para reconstruir los hechos e identificar a quienes presuntamente participaron en la planeación y ejecución del ataque.
Los procesos judiciales aún deben avanzar
La Fiscalía indicó que las actuaciones relacionadas con la mayoría de las personas detenidas se encuentran próximas a avanzar a la etapa de juicio. Será en los tribunales donde se valorarán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal de cada acusado.
La cifra de detenidos representa un avance en las investigaciones, pero no equivale por sí misma a sentencias condenatorias. Las autoridades todavía deben completar diligencias, fortalecer las acusaciones y ubicar a quienes continúen pendientes dentro de las líneas de investigación.
El caso también ha generado exigencias públicas de justicia por parte de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, quien ha solicitado que se esclarezca plenamente el homicidio y se investigue hasta las últimas consecuencias.
A un año del asesinato, persiste la exigencia de justicia
Carlos Manzo fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público por el Día de Muertos, en el centro de Uruapan. Su muerte provocó conmoción, protestas y reclamos de seguridad en Michoacán y otras partes del país.
Con el primer aniversario próximo, el reporte de la Fiscalía coloca nuevamente el caso en el centro de la agenda pública. El avance del 90 por ciento anunciado por la institución refleja el volumen de trabajo realizado, pero la resolución definitiva dependerá de que las investigaciones pendientes se traduzcan en pruebas sólidas y resultados judiciales.
La expectativa de la familia y de la sociedad sigue siendo la misma: conocer quién ordenó el asesinato, esclarecer todas las responsabilidades y evitar que el crimen quede impune.