Con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma para que alcaldes, síndicos y presidentes de concejos municipales puedan enfrentar procesos penales sin pasar antes por un juicio de desafuero. La propuesta fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle y todavía requiere el aval de la mayoría de los ayuntamientos para completar su trámite constitucional.
El cambio modifica el artículo 78 de la Constitución estatal. Hasta ahora, para proceder penalmente contra esas autoridades durante el ejercicio de su cargo, el Congreso debía aprobar una declaración de procedencia con el voto de dos terceras partes de sus integrantes. Si la reforma entra en vigor, ese paso dejará de ser necesario para los cargos municipales incluidos en la iniciativa.
Nahle ha sostenido que el fuero no debe servir como obstáculo para la justicia y que la medida alcanzaría a autoridades de todos los partidos, incluido Morena. En el debate legislativo, el diputado Héctor Yunes Landa expresó la postura contraria: advirtió que una investigación penal podría utilizarse para presionar políticamente a funcionarios municipales y llamó a los cabildos a rechazar la reforma.
La votación del Congreso no retira de inmediato el fuero. La decisión pasa ahora a los ayuntamientos veracruzanos, cuyo respaldo es necesario para que la modificación constitucional concluya su proceso. Retirar la protección procesal tampoco equivale a declarar culpable a ningún funcionario: las acusaciones deberán resolverse ante los tribunales.