Pozos Castro y el eco de los millones de pesos
ALMA GRANDE
POR ÁNGEL ÁLVARO PEÑA
En Veracruz hay funcionarios que generan respeto político. Y hay otros que generan sospechas y miedo. José Manuel Pozos Castro pertenece al segundo grupo.
El solo rumor de que el subsecretario de Gobierno buscaba acomodarse en la Delegación de Bienestar encendió nuevamente las alarmas dentro de la política estatal y del propio MORENA. No porque fuera un ascenso lógico o merecido, sino porque para muchos resultaría inadmisible que un personaje rodeado de observaciones millonarias, acusaciones de corrupción y denuncias de fraude inmobiliario aspire todavía a seguir escalando posiciones dentro del poder.
Desde la propia Subsecretaría de Gobierno salieron a desmentir la versión que lo colocaba como eventual sustituto de Juan Javier Gómez Cazarín. Pero en política los rumores rara vez nacen solos. Muchas veces son sembrados desde el propio entorno del funcionario para medir reacciones, mandar mensajes o intentar construir percepción de fuerza. Y si algo quedó claro tras esa versión es que Pozos Castro no despierta precisamente confianza.
Su nombre lleva años vinculado a polémicas. Como exalcalde de Tuxpan, la Auditoría Superior de la Federación mantiene pendientes de aclaración más de 10 millones 586 mil pesos derivados de la Cuenta Pública 2024 del municipio. Aunque él asegura que todo fue solventado, el informe oficial de la ASF sigue señalando irregularidades.
La auditoría detectó inconsistencias en contratos financiados con recursos federales de FAISMUN, FORTAMUN y Participaciones Federales. En dos contratos relacionados con auditorías técnicas y financieras por 7.5 millones de pesos, la ASF encontró entregables fechados en 2014, mientras las actas de entrega-recepción fueron elaboradas hasta 2025. Un absurdo administrativo que levantó sospechas inmediatas sobre la autenticidad y legalidad de los servicios contratados. Además, hubo observaciones por adquisiciones de uniformes, sistemas de videovigilancia y obras públicas donde faltaron documentos clave, bitácoras completas y actas formales de entrega.
Sí, parte de las observaciones fueron solventadas parcialmente. Pero la ASF todavía mantiene como pendiente la aclaración de más de 10.5 millones de pesos. Esa es la realidad documental, no la narrativa política. Justo de ese eco hablamos, del confirmado.
Pero el expediente más explosivo contra Pozos Castro no está en las auditorías. Está en la desconfianza.
Está en la acusación pública de fraude inmobiliario y despojo contra una mujer de Tuxpan, quien lo señala directamente —junto con su hijo y una presunta red de operadores notariales y judiciales— de haber utilizado engaños, manipulación contractual y poder político para quedarse con 15 hectáreas valuadas en ocho millones de pesos.
Según el relato, a la propietaria le mostraron en pantalla un contrato con el monto correcto, pero al momento de la firma física le impidieron revisarlo completamente bajo presión y promesas de confianza. Años después, el documento supuestamente apareció alterado: donde antes había ocho millones de pesos, ahora solo figuraban poco más de 2.3 millones.
La denuncia también habla de presuntos sobornos a peritos, compra de voluntades, manipulación judicial y actos de intimidación contra la familia de la afectada. Y aunque será la justicia la que determine responsabilidades legales, políticamente el caso es devastador.
Porque un subsecretario de Gobierno no puede vivir permanentemente rodeado de sospechas tan graves mientras ocupa un cargo estratégico en la estabilidad política del estado.
Veracruz ya ha padecido demasiado la cultura del funcionario intocable, del cacique disfrazado de servidor público y del político que utiliza el poder como blindaje personal. Cuando un nombre aparece ligado constantemente a auditorías, corrupción, presuntos fraudes y abuso de poder, el problema es para el pueblo que lo tiene en la función pública. Es más, se convierte en un problema de confianza pública. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
