Diputados del PRI y el PAN demandan investigar acusaciones contra Rocha Moya
La oposición en la Cámara de Diputados consideró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum necesita investigar los señalamientos de la justicia estadunidense en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por cargos de narcotráfico, junto con el senador Enrique Inzunza, funcionarios y ex funcionarios de la entidad.
El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, subrayó que «lo primero que tiene que hacer el gobierno mexicano es resolver el tema de esas acusaciones. Tiene que pronunciarse el Estado mexicano, el gobierno de México, sobre estas graves acusaciones».
En entrevista colectiva, el legislador enfatizó que «se confirma lo que dijo hace tiempo el PRI sobre la situación que se vive en Sinaloa. Al crimen organizado se le tiene que combatir en todo momento, porque si no, las consecuencias son estas. El gobierno mexicano debe salir a aclarar lo que está pasando y el gobernador (Rocha) debería pedir licencia”.
El diputado priísta Mario Zamora, originario de Sinaloa, resaltó que «al final del día la justicia tiene que llegar para todos. Tampoco vamos a descalificar per se a nadie, pero sin duda el gobierno mexicano tiene una responsabilidad más allá de lo que hay en otros países de investigar y de sancionar si alguien es culpable».
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en San Lázaro manifestó: «Es evidente que en México (los narcotraficantes) tienen impunidad total, es evidente que a la Presidenta le incomoda que se ejerza acción legal en contra de los ‘narcos del bienestar’ y es evidente que la única esperanza real de justicia para llevar a la cárcel a los que se meten a la cama con un narco para ganar elecciones, es la justicia estadounidense».
Para el blanquiazul, este caso es “una prueba de fuego” para el gobierno federal cuando decida si extraditará o no a Rocha Moya y “a todos los que soliciten las cortes de Estados Unidos o si se va a regatear la colaboración”.
La bancada panista coincidió con la del PRI, en el sentido de que el gobernador sinaloense tiene que separarse del cargo, al igual que sus funcionarios vinculados, para “ser extraditados inmediatamente y puestos a la consideración de la justicia estadunidense”.