TEPJF determina que conversaciones privadas no son prueba en juicios electorales
En definitiva, las conversaciones privadas no serán pruebas en juicios electorales, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con ello se cierra el caso de una denuncia específica por violencia política en razón de género, una de ellas denunció que en la conversación fueron descalificadas sus capacidades profesionales y se atribuyó su postulación como diputad al hecho de integrar el grupo de la diversidad sexual.
El tribunal electoral de Sinaloa dijo que no había violencia política; la inconforme acudió a una sala regional del TEPJF y este resolvió a su favor, por lo que el asunto llegó a la Sala Superior, cuyas resoluciones son inapelables.
El proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, aprobado de manera unánime, señala que “las conversaciones privadas, a través de un chat de WhatsApp, gozan de la protección constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y en el caso concreto no se acreditó que dichas pruebas hayan sido obtenidas conforme a las exigencias constitucionales y legales”.
Además, porque ninguno de los interlocutores en ese chat aportó la prueba con los estándares necesarios; no hay certeza sobre el origen de las capturas de pantalla, el cual no fue verificado para descartar manipulación.
Al respecto, la magistrada Claudia Valle agregó que la libertad de expresión y de opinión deben prevalecer; además, en el ámbito del TEPJF no se puede validar la posibilidad de censura de una conversación privada.
“Desde mi perspectiva jurídica, la violencia política tiene un límite. El límite es lo privado…Nadie puede ni debe ser censurado por expresarse en el sentido que desee en ese espacio privado; nadie debe ser imputado por considerar que una persona le merece los peores calificativos si su sentir, su pensar y su opinión se queda en el espacio personal o privado”, dijo.
En un sentido similar se manifestó la magistrada Mónica Soto, al hacer énfasis en la necesaria legalidad en la obtención de las pruebas.