Organizaciones piden a Semarnat revisar actuación de SEMA en Quintana Roo

Una docena de asociaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una revisión a la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), cuyo personal presuntamente incurre en prácticas de opacidad, conductas que inhiben de manera sistemática la participación ciudadana y, de forma particularmente preocupante, la invasión de competencias federales, al asumir la evaluación de proyectos que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), corresponde realizar a la Federación.

Con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA), como uno de los organizadores, las agrupaciones civiles en defensa del medio ambiente, denunciaron que prácticamente SEMA no ha abierto ninguna consulta pública en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en el estado, a pesar de que se han presentado más de cien solicitudes formales al respecto.

Denunciaron la presencia de irregularidades reiteradas, entre esas destacan prácticas de opacidad, conductas que inhiben de manera sistemática la participación ciudadana y, de forma particularmente preocupante, la invasión de competencias federales, al asumir la evaluación de proyectos que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), corresponde realizar a la Federación.

En un documento que firmaron agrupaciones como CEMDA, Grupo Tortuguero del Caribe, Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC), Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), Selvame MX, MOCE Yax Cuxtal, Grupo GEMA del Mayab, Ciudadan@s por la Transparencia, Voces Unidas de Puerto Morelos, Centro Ecológico Akumal Y Casa Wayuu, afirmaron que en distintos casos, la SEMA ha analizado e incluso autorizado manifiestos de impacto ambiental de proyectos que por su naturaleza, magnitud, localización o por los impactos regionales que generan, corresponden claramente al ámbito federal, específicamente, a la Semarnat, además de que la actuación resulta jurídicamente cuestionable, pues invade competencias federales, debilita los mecanismos de control ambiental y genera un precedente preocupante de fragmentación y relajamiento de los estándares de protección ambiental.

Un ejemplo reciente de lo anterior, dijeron,  son las obras de rehabilitación y restauración de playas en distintos municipios de Quintana Roo, en donde organizaciones sociales; en otro caso,  colectivos ciudadanos y personas de la academia solicitaron a la Semarnat que negara la ampliación o modificación de una autorización ambiental emitida en 2009 y exigieron que se realizara una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) integral, regional y actualizada. Ello, debido a que las obras implican impactos acumulativos, sinérgicos y de alcance regional cuya evaluación no debe realizarse a nivel estatal.

Indicaron que la SEMA también ha realizado prácticas administrativas para inhibir la participación ciudadana, mediante el uso de formalismos excesivos, criterios restrictivos e interpretaciones indebidas o maliciosas de la ley estatal y su reglamento. Todo esto ha evitado que se abran consultas públicas, incluso en casos donde la legislación ambiental lo permite o incluso lo exige expresamente.

Resulta particularmente preocupante que también se hayan emitido autorizaciones ambientales de forma acelerada o “exprés”, incluso antes de publicar los listados mensuales de proyectos sujetos a evaluación. Esto ha impedido que la sociedad conozca oportunamente los proyectos y que pueda solicitar la apertura de consultas públicas.  Con esto, se impide ejercer el derecho a la participación, el cual está reconocido en la ley ambiental nacional y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Este patrón de actuación no es aislado ni reciente, pues no se ha abierto prácticamente ninguna consulta pública en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en el estado, a pesar de que se han presentado más de cien solicitudes formales al respecto. Solo se abrió de forma parcial la consulta pública del proyecto “Planta de trituración y extracción de materiales pétreos Izgra”, sin embargo, el resolutivo no se hizo público por lo que no se puede verificar que la consulta haya sido efectiva.

La Evaluación de Impacto Ambiental no es un trámite discrecional o una facultad intercambiable entre órdenes de gobierno, sino un instrumento que ayuda a prevenir impactos negativos al medio ambiente. Su aplicación debe sujetarse estrictamente a los principios de legalidad, competencia, máxima publicidad y participación ciudadana efectiva. El hecho de que la SEMA asuma indebidamente competencias que le corresponden a la Federación y que obstruya directa o indirectamente la participación ciudadana, debilita el Estado de derecho ambiental, incrementa el riesgo de daño ambiental y erosiona la confianza pública en las instituciones.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitaron  a la Semarnat revisar de manera integral el actuar de la SEMA Quintana Roo, en particular los procedimientos en los que existan indicios de invasión de competencias federales, opacidad, aceleración indebida de plazos y obstrucción sistemática de la participación ciudadana; llevar a cabo una investigación profunda para efectos de poder verificar si, además de lo anterior, la SEMA -de la mano de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado- está llevando a cabo de forma ilegal la inspección y vigilancia de proyectos que  corresponden en estricto sentido a la Federación y, de ser el caso, detenerlo de inmediato.

También demandan ejercer plenamente sus atribuciones como autoridad ambiental federal, garantizando que los proyectos que, conforme a la LGEEPA, deban ser evaluados en el ámbito federal no sean indebidamente tramitados o resueltos por autoridades estatales; garantizar el acceso efectivo a la información ambiental y la apertura real de consultas públicas, evitando interpretaciones restrictivas o maliciosas de la legislación ambiental que tengan como efecto inhibir derechos ciudadanos; además de exigir la presentación y evaluación de nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental cuando la magnitud, alcance, modificación o impactos acumulativos de los proyectos así lo ameriten.

Por último, las  organizaciones firmantes reiteraron su disposición para aportar elementos técnicos y jurídicos que contribuyan a fortalecer la gobernanza ambiental en Quintana Roo.  La protección del patrimonio natural del estado y del país exige autoridades que actúen con legalidad, transparencia, rendición de cuentas y pleno respeto al interés público.