Increíble, pero cierto
Por Laura Cevallos
De verdad que es increíble que en éste, nuestro México, haya que cuestionar al fiscal de Campeche, sobre “sus motivos” para “perseguir” a Alejandro Moreno, el inexplicable diputado del PRI y objetar si el documento presentado ante la Cámara de Diputados donde se solicita el desafuero del denunciado para quitar del camino el obstáculo constitucional que no permite el cauce adecuado de las investigaciones por el enriquecimiento ilícito que se endereza en su contra, por las evidentes riquezas que ostenta y de las que se hizo cuando llegó a ser gobernador del Estado de Campeche, no es más bien, un ataque debido a sus desacuerdos previos.
Los periodistas de la fuente llegaron a preguntar en modo ataque si la persecución era política y no judicial; si el presidente de la Cámara de Diputados “lo había llevado” para darle difusión a esa especie de amenaza que significa su presencia en el precinto legislativo; si las investigaciones son por los videos que ha presentado la Gobernadora y si ella no ha cometido actos de espionaje; si las actividades empresariales de Alito se están tomando en cuenta como fuente de su riqueza; o si las construcciones que se investigan fueron durante su periodo como gobernador. ¿La fiscalía es autónoma para investigar por los asuntos personales entre el fiscal y el exgobernador?
Es extraño que un presidente de la cámara ande recibiendo una solicitud de desafuero, cuando no se ha visto la protección a los derechos de un legislador al haber sido violada su privacidad por espionaje en su contra. ¿Cómo podría tener Alito un juicio imparcial si el presidente de la cámara presenta al fiscal por la solicitud del desafuero? Y aprovechando el viaje, (se) preguntó si los 58mil pesos que se le otorgan para el informe anual de la cámara le alcanzaron. El colmo de la insidia de “tiene muy buenos amigos…” y ¿tienen registradas las “ganancias” de Alito como exgobernador, porque en ese puesto todo se le paga, como al presidente…?
No sé si yo estoy viendo moros con tranchetes, pero ni uno solo de los periodistas se enfocó en que lo que está haciendo el gobierno y la fiscalía de Campeche, son actos de búsqueda de justicia y reparación de daños cometidos contra los campechanos y el erario del Estado: las casas y los materiales con que se construyeron, obras de arte, automóviles de colección y de lujo y las joyas, por ejemplo, no se compraron con recursos propios porque el costo de esos “bienes” no se corresponde con el sueldo devengado por Moreno Cárdenas cuando fue gobernador, ya que percibía cada quincena 52 mil 557 pesos, sin contar deducciones. Está bueno que cuestionen, porque esa es la misión de los reporteros, pero darle a la conferencia una sensación de ataque a quien está propiciando, a nombre del pueblo de Campeche, el fin de las prebendas y la inmoralidad de ser titular de puesto políticos para enriquecerse de manera vil, para luego burlarse de la gente con la protección que logran por la inacción de los órganos de justicia, dando como resultado la asquerosa impunidad, es bajo hasta para los chayoteros…
Pero los periodistas no han sido los únicos que han intentado voltear la situación y presentar a quienes están en esa posición de defensa de la ciudadanía, para convertirse en violentadores de la privacidad de un “inocente” exgobernador y ahora legislador que ha probado comportarse como se ha escuchado, sino que además, son las posibles víctimas de sex-torsión quienes han atacado a la gobernadora Layda Sansores, por amenazar con difundir los videos y fotos (que voluntariamente ellas enviaron al teléfono de Alito), cuando en realidad les advirtió que existía ese materia y que era posible que con él, el presidente de su partido podía influir en sus decisiones legislativas. Esto motivó que la acusaran a ella de violencia política contra las mujeres en razón de género y por consiguiente, que la autoridad electoral la obligara a “bajar” el material difundido en redes sociales del Estado, para no violentar los derechos de privacidad del ahora “víctimo”.
La ley protege a quien sea señalado por la comisión de un delito de ser presumido inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso es bueno. Lo que es -no tan bueno-, es que esa presunción se transforme en baterías para lanzar la guerra contra el acusador de una manera tan corriente. No sólo es la evidencia de los audios con los que hemos podido enterarnos de la forma burda en que se comporta (el que dice que no es ni su voz ni sus conversaciones), quien era el encargado de la administración del Estado; también son documentos en los que se demuestran las compras mágicas a 19 centavos por metro cuadrado, de terrenos que tenían un valor catastral de entre 2,500 y 5,000 pesos por metro cuadrado, que fueron donados a su mamá y luego ella le donó de regreso; que se convirtieron en casas de lujo a nombre de su esposa, amigos y arquitecto de confianza, para ser devueltos vía donación porque lo quieren mucho. Es la forma en que ha amagado para votar en contra de las reformas presentadas por el presidente, más allá de no estar de acuerdo con él, como político, sino llegar al punto de poner en peligro la soberanía energética y la seguridad nacional en materia de electricidad (y si lo dejan, del litio y su explotación), además de andar prometiendo futuras gubernaturas y otros puestos de elección popular, sin tener el derecho de hacerlo.
El desafuero es, como lo dijo Renato Sales, fiscal de Campeche, retirar el obstáculo para poder someter a una investigación judicial a quien tuvo la caradura de llegar con unos bienes relativamente entendibles, y salir con una riqueza apenas comparable con la de un hijo de la realeza, solo que no explicada de manera lógica, sino por argucias legales y contables que no solo despiertan la suspicacia, sino que demuestran que el poder había servido para “poder”: robar, mentir, traicionar al pueblo. De esos políticos ya no queremos más. A quien traicione la confianza del pueblo, que el pueblo se lo demande.
Twitter: @cevalloslaura
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