CONGRESO VOTARÁ REFORMA QUE PERMITIRÁ A NAHLE REMOVER A LA FISCAL
El Congreso tiene previsto para este martes, discutir y votar un dictamen que propone modificar el proceso de designación del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, de aprobarse, devolverá a la gobernadora Rocío Nahle García la facultad de remover al fiscal y proponer directamente a su relevo, además de reducir a cuatro años el periodo en el cargo.
El dictamen combina dos iniciativas: la presentada en noviembre de 2024 por el diputado morenista Diego Castañeda Aburto, y la promovida en junio de 2025 por los legisladores del PT Ramón Díaz y Elizabeth Morales.
Ambas iniciativas, plantean cambios a los artículos 33, 49 y 67 de la Constitución local, con los que el Poder Ejecutivo recuperaría un papel central en el nombramiento y permanencia del fiscal.
La iniciativa faculta al Ejecutivo estatal a proponer al nuevo titular de la Fiscalía y remover al fiscal por “causas graves”.
La iniciativa también contempla reducir a 4 años el periodo del fiscal en el cargo con posibilidad de una ratificación por parte del Ejecutivo, para un máximo de ocho.
Establece de igual forma, que el Congreso tendrá solo cinco días hábiles para votar la propuesta del fiscal enviada por el ejecutivo y que, si no se pronuncia, la propuesta se da por aprobada.
De igual forma, se obliga al Congreso a adecuar la Ley Orgánica de la FGE en un plazo máximo de 120 días, sin aclarar el futuro inmediato de la actual fiscal.
La Fiscalía de Veracruz fue declarada autónoma en el gobierno de Javier Duarte (2016), en un movimiento interpretado por especialistas como un intento de blindar a funcionarios de investigaciones futuras, bajo ese modelo, el Congreso tenía la facultad exclusiva de elegir al fiscal mediante un proceso de entrevistas y votación calificada.
Sin embargo, desde 2018 la autonomía ha sido tema de confrontación política y, gobernadores, tanto de oposición como de Morena, han intentado modificar o influir en la institución argumentando ineficiencia, politización o falta de resultados en materia de seguridad y procuración de justicia.
Con la llegada de Rocío Nahle a la gubernatura, la discusión resurgió en torno a la continuidad de Verónica Hernández Giadáns, cuya gestión ha sido polémica debido acusaciones de uso político de la institución, críticas por el manejo de casos de alto impacto y señalamientos de falta de independencia respecto del Ejecutivo anterior.
De aprobarse la reforma, el gobierno tendrá “control efectivo” sobre la Fiscalía, lo que claramente debilitar su autonomía y aumentaría la subordinación política.
El futuro de la actual fiscal queda abierto: el dictamen no especifica si deberá abandonar el cargo de inmediato o si la gobernadora tendrá que iniciar un proceso formal para su remoción.
Se sabe que la bancada de morena en el Congreso tiene urgencia de modificar la constitución y aprobar la nueva forma de nombrar al fiscal pues, pasado el primer informe de gobierno, se darán cambios en el gabinete de Rocío Nahle y se prevee que incluya a la Fiscalia General del Estado.