Comunidades logran suspensión judicial
Comunidades de la cuenca del río La Antigua iniciaron una acción legal por la grave contaminación fecal que afecta a sus cuerpos de agua y humedales, logrando que el Juzgado 15° de Distrito en Veracruz concediera una suspensión provisional para exigir medidas inmediatas de saneamiento. El amparo fue promovido el 24 de marzo de 2025 por representantes de la Asamblea del Agua de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (PUCARL), en conjunto con la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida). La demanda va dirigida contra autoridades federales, estatales y municipales.
El recurso legal busca frenar la contaminación por aguas residuales no tratadas y promover el reconocimiento legal del río como sujeto de derechos. Las comunidades exigen un mapeo general de las fuentes de contaminación, la activación de plantas de tratamiento, la limpieza de los ríos y la coordinación entre municipios para su saneamiento.
En 2023 y 2024, PUCARL llevó a cabo un monitoreo comunitario del agua en 13 sitios de municipios como Xico, Teocelo, Xalapa, Coatepec, Jalcomulco, Apazapan y otros. Los resultados revelaron que el 100 % de los sitios muestreados presentaban niveles por encima de lo permitido para contacto humano, evidenciando una crisis ambiental con impactos sociales y ecológicos.
El 8 de abril de 2025, el Juzgado 15° admitió la demanda y ordenó la implementación urgente de acciones para disminuir la contaminación mientras se resuelve el juicio de fondo. Las organizaciones destacan que este fallo representa un avance en la defensa del territorio, los derechos humanos y el reconocimiento legal de los ríos como entes vivos. PUCARL llamó a las autoridades a cumplir las normas ambientales, a la jueza a otorgar una suspensión definitiva, a las comunidades a respaldar el proceso legal y a la sociedad en general a sensibilizarse sobre la crisis ambiental en la región.
En conferencia de prensa, los representantes de la PUCARL e integrantes de TerraVida explicaron que dicha suspensión obliga a CONAGUA, al Organismo de Cuenca Golfo Centro y a 14 municipios a mejorar la calidad del agua como medida cautelar. Aunque aún falta la audiencia que decidirá si la suspensión se convierte, en definitiva, el caso representa un parteaguas legal.
Se aclaró que no existe un plazo específico para que la jueza emita una sentencia final, ya que se requerirán peritajes y recopilación de evidencia, lo que podría extender el proceso durante años. Sin embargo, el equipo legal destacó que la evolución del derecho ambiental abre nuevas posibilidades para garantizar justicia a las comunidades.
El abogado Javier Martínez, integrante de TerraVida y FONAR, explicó que el amparo busca no sólo frenar la contaminación fecal del Río Blanco, sino también establecer un precedente: reconocer al río como sujeto de derechos y a las comunidades como sus guardianas legítimas. “Las personas tenemos derecho a vivir con aguas de calidad, con aguas limpias. Lo contrario afecta nuestros proyectos de vida, afecta a nuestros nuestros derechos humanos”, afirmó.
Sofía García, también abogada del caso, destacó que el proceso se basa en datos recopilados mediante solicitudes de información, monitoreos comunitarios y los realizados previamente con otras organizaciones como Global Water Watch México. “Más del 64% de nuestros ríos están muy por encima de los límites permisibles en términos de contaminación fecal. Esto quiere decir que el río está enfermo”, explicó.